Proponen en Congreso de Sonora mayores penas por el delito de tráfico de menores
El incremento de la penalidad por el delito de tráfico de menores y ampliar la tutela del tipo penal a toda persona menor de 18 años, propuso la diputada Natalia Rivera Grijalva, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la legisladora expuso que, actualmente, el Código Penal del Estado de Sonora castiga el tráfico de menores solo en los casos en los que la víctima tenga menos de doce años, mientras que la pena corporal va de tres a nueve años.
Agregó que la reforma, que propone modificar el Artículo 301-B del Código Penal del Estado de Sonora, consiste en incrementar la penalidad mínima de tres a seis años, y la máxima de nueve a 15 años, además de considerar como potenciales víctimas a toda persona menor de 18 años, especificando que los usos y costumbres no impactarán en la individualización de la pena.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que a la Comisión del Agua se envió el proyecto de decreto presentado por el diputado Jorge Eugenio Russo Salido, de Movimiento Ciudadano, con el fin de adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Se trata, sostuvo, de instituir el Parlamento para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Sonora, con el fin de que el Congreso cuente con un espacio de coincidencia entre las y los diputados y las autoridades de todos los niveles de gobierno, expertos y cualquier ciudadano interesado en el tema del agua.
Explicó que se realizaría el 22 de marzo de cada año, previo al Día Internacional del Agua, y su desarrollo correría a cargo de la Comisión del Agua.
En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora, presentada por la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes (MC), con el objetivo de crear la figura del divorcio sin expresión de causa o “incausado”.
Indicó que dicha figura no se encuentra prevista en la norma, a pesar de que sí lo está en juicios existentes en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), con la aplicación convencional de leyes. El proyecto tiene el propósito de homologar el marco legal local para que sea acorde a criterios nacionales e internacionales.
En Sonora, dijo, el Código de Familia contempla una serie de causales obsoletas que obligan a las partes a recurrir a figuras legales, fuera del propio código, para promover el divorcio por la vía incausada.
Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima el martes 27 de febrero, a las 11:00 horas, el pleno aprobó habilitar el miércoles 28 de febrero para celebrar la ordinaria correspondiente al jueves 29.
